Pero lo hace gracias a las mujeres. Y es que a las organizaciones políticas les cuesta exigir a los suyos comportamientos ejemplares también en su vida privada. Que un presunto agresor sexual no ocupe puestos de responsabilidad cuando se conocen sus prácticas violentas con las mujeres no merece reconocimiento. Lo meritorio está en impedir que quien ya reconoce problemas graves de salud acceda a responsabilidades políticas.