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Juan Díaz-Colchado

Se ha señalado con mucha razón que en el marco del Estado constitucional los derechos fundamentales son la piedra angular del derecho público y privado. No obstante, por la propia dinámica de las relaciones sociales, pueden verse comprometidos por el actuar arbitrario, irrazonable o desproporcionado de las autoridades y de los particulares. Para enfrentar ello, la Constitución ha instaurado procesos y procedimientos para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, los que deben ajustarse a los cánones que se derivan de los derechos de justicia: el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos en el artículo 139.3 de la Constitución de 1993 que son desarrollados en el presente libro.

JUAN CARLOS DÍAZ COLCHADO es abogado por la Universidad San Pedro de Chimbote, Magíster en Derecho Constitucional y en Investigación Jurídica por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se desempeña como profesor de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Posgrado de la PUCP, así como en la Sección de Posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la PUCP. Investigador acreditado ante el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (RENACYT) del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) en el Grupo María Rostworowski Nivel II.

Palestra Editores

Colección Derechos fundamentales. Homenaje por el Bicentenario de la Independencia

Derechos de justicia: Debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva

Gonzalo Monge

Dentro del catálogo de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de 1993 encontramos a cinco de ellos vinculados con el fenómeno económico y el ambiental: propiedad, libertad de contratación, libertad de empresa, libre competencia, y ambiente. Ellos son objeto de esta publicación, siendo analizados a la luz del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho que sigue —o debe seguir— el Estado Peruano. ¿Qué significa esto? Que, además de garantizar la libertad de los particulares frente y contra el Estado (Estado Liberal, ya superado), es necesario dotar a la libertad de condiciones materiales mínimas para que su ejercicio pueda desplegarse y además sea óptimo (Estado Social y Democrático de Derecho).
Todos los derechos aquí abordados, así como otros que escapan a esta publicación (pero que pueden ser encontrados en la Colección), están interrelacionados. Forman parte de la esfera jurídica de todas las personas y son lo que les permiten —o deberían permitir— llevar una existencia digna y coexistir con las demás personas en los distintos niveles de la sociedad (desde el nivel local hasta el nivel internacional). El presente libro busca explicar, contemporánea y creativamente —aunque dentro de los parámetros y objetivos de esta Colección—, el contenido de los derechos que aquí se analizan.

GONZALO J. MONGE MORALES es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Harvard (Harvard Law School), en la que estudió como Becario Fulbright (2021-2022). Como estudiante en la Facultad de Derecho de la PUCP, fue Asistente de Investigación, Asistente de Docencia, así como Editor General y Jefe del Consejo Editorial de THĒMIS-Revista de Derecho durante el 50 Aniversario de la Asociación (coordinando la publicación de la Revista THĒMIS 67, dedicada el Derecho Constitucional). Como egresado, ha sido Adjunto de Docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP de los cursos "Derecho Procesal Constitucional", "Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional", y "Personas Jurídicas". Se desempaña profesionalmente como Asociado Senior del Estudio Echecopar, member firm of Baker McKenzie International (Área de Prevención y Solución de Controversias). Es miembro fundador y ex Co-Coordinador General de Perspectiva Constitucional, así como miembro de la Asociación Constitucionalismo Crítico, organizaciones dedicadas al estudio y difusión el Derecho Constitucional y Procesal Constitucional.

Derechos económicos y ambientales

Liliana Salomé Resurrección

Desde las primeras décadas del siglo pasado, los derechos sociales vienen siendo reconocidos al más alto nivel, tanto en las Constituciones de los Estados democráticos como en numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Pese a los avances que se han producido en esta materia, tanto en el plano nacional como internacional, lograr su plena efectividad sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Como se verá, los derechos sociales se relacionan directamente con las condiciones de existencia de las personas, son cruciales para el respeto de su dignidad y contribuyen decididamente al fortalecimiento de la democracia. En esa dirección, este libro analiza cuatro de los derechos sociales que la Constitución Política del Perú garantiza: el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la pensión. En cada caso, se examinan los antecedentes del derecho, su concepto, contenido, límites, sujetos vinculados y mecanismos de tutela. Adicionalmente, se acompaña una selección de sentencias del Tribunal Constitucional, así como casos de aplicación y preguntas de autoevaluación que contribuirán a que las personas interesadas en el estudio de los derechos sociales cuenten con mayores herramientas para una mejor comprensión de sus características más importantes.

LILIANA SALOMÉ RESURRECCIÓN es abogada y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Diploma de Postítulo en Derechos Humanos y Mujeres por la Universidad de Chile.

Es profesora de la facultad de Derecho y de la Escuela de Posgrado de la PUCP. Su experiencia profesional incluye haber sido Directora General de Igualdad de Género y no Discriminación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Ha sido consultora independiente para instituciones como la Defensoría del Pueblo, ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ. Asimismo, ha sido docente de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y la Academia de la Magistratura (AMAG).

Es integrante del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales de la PUCP y de la asociación civil "Constitucionalismo Crítico".

Derechos sociales: Trabajo, educación, salud y pensión