Katerine Bermúdez Alarcón

Jorge Mario Benítez Pinedo

María Cristina Gajardo Harboe

Gabriela Mendizábal Bermúdez

Guillermo Boza Pro

Javier Aguiló Gelerstein

María Katia García Landaburu

Óscar Apáez Pineda

La Alianza del Pacífico (AP) nació el 28 de abril de 2011, se formalizó el 6 de junio de 2012 y entró en vigor en julio de 2015. En esta se prevé la integración política, económica, social y cultural de los cuatro países parte: Chile, Colombia, México y Perú para lo cual, se deben establecer compromisos efectivos de acción conjunta que mejoren el bienestar y los niveles de vida de sus habitantes y promuevan el desarrollo sostenible en sus respectivos territorios En la medida que la Alianza se ha considerado como una forma de nuevo regionalismo en la que se retoma el proceso de integración comercial en la región, que se había dejado de lado desde el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y que plantea dentro de sus objetivos la libre circulación de las personas, es necesario que este tipo de acuerdos vayan acompañados de procesos migratorios regulados que den seguridad jurídica, garanticen derechos y faciliten el cumplimiento de los mismos. Por lo general, este tipo de acuerdos comerciales son lacónicos al momento de regular los temas migratorios, más aún si se trata de migración laboral, y la Alianza del Pacífico no es la excepción. En ese sentido, se formuló y llevó a cabo una investigación con miras a resolver el problema ¿cómo deben trabajar los países latinoamericanos de la AP para garantizar la libre circulación de trabajadores dentro de sus territorios y la protección de sus derechos laborales y de seguridad social en los países de acogida? Para ello, se conformó un equipo académico de docentes de las Universidades de Chile, Externado de Colombia, Autónoma del Estado de Morelos y Pontificia Católica del Perú para abordar, desde la legislación y políticas públicas de cada país, el estudio de los aspectos migratorios laborales y de seguridad social actuales y llegar a una propuesta de insumos para una política migratoria laboral para los países de la Alianza, que garantice a los migrantes de la región sus derechos laborales y de seguridad social y paralelo a ello, se logre esa libre circulación de la que habla el Acuerdo.