El llamado imperio de la ley es frecuentemente invocado por políticos y analistas como antídoto frente a autoritarismos y como garantía última de que las instituciones nos protegen efectivamente. Una organización que abusa de la figura de la acusación popular en nombre de la pulcritud institucional, tiene en realidad la vocación de contaminar el proceso y de borrar la línea entre acusación y culpabilidad. Y es ahí donde el imperio de la ley empieza a operar como una amenaza, no garantiza la inocencia, sino que amplifica la sospecha. A 50 años de la muerte del dictador, el riesgo no está tanto en la emergencia de nuevos regímenes autocráticos como en el de que democracias liberales corrompan la ley hasta que esta se convierta en una amenaza.